No hacer los deberes tiene consecuencias. E incumplir las obligaciones de velar por el bien común, como es el Medio Ambiente y los espacios naturales, no sólo es una obligación, sino un precepto legal. Y las consecuencias de no respetar la normativa que vela por la lucha contra los incendios es una muy clara: la posible comisión de un delito contra el medio ambiente o la seguridad colectiva. Este es el espíritu del oficio remitido por la Fiscalía General del Estado, desde su sección de Medio Ambiente y Urbanismo a más de centenar y medio de municipios de toda España con un elemento en común: ninguno de ellos ha redactado el preceptivo plan de prevención de incendios al que están obligadas aquellas localidades emplazadas en zonas forestales con riesgo de fuego.
La advertencia de estar cometiendo una infracción penal ha sido especialmente extensa en la Comunitat Valenciana. Una de cada tres notificaciones enviadas por el fiscal Antonio Vercher han llegado a alcaldes de la región. Un total de 53 municipios han recibido el aviso de la fiscalía estatal por la falta de un plan local contra las llamas, como constataron a LAS PROVINCIAS desde la Fiscalía General.
Sólo Galicia, con 60 concellos (municipios), supera a la Comunitat en cuanto a número de localidades advertidas por la Fiscalía General. La carta que el fiscal ha hecho llegar a los alcaldes valencianos comienza recordando que la normativa autonómica vigente desde 2005 establece una Zona de Alto Riesgo (ZAR) de incendio por la que «las entidades locales con terrenos forestales deben redactar planes locales de prevención de incendios en sus términos municipales».
«El municipio que preside ha sufrido un importante número de incendios», dice el fiscal
La ‘zona cero’ delimitada por la Fiscalía de Medio Ambiente en la Comunitat se establece al cruzar dichas zonas de riesgo y un informe del Ministerio de Medio Ambiente que subraya la acumulación de fuegos repetidos y sequía en dichos puntos. «El municipio que usted preside ha sufrido un importante número de incendios, muchos de ellos intencionados», subraya el fiscal Vercher en la misiva remitida a los ediles, mediante la cual conmina a los alcaldes a informar de los planes puestos en marcha. «Esta Fiscalía deja claro la obligación de elaborarlo», subraya el ministerio público.
Desde la Federación Española de Municipios y Provincias también han colaborado con la medida iniciada por la Fiscalía General. El mes pasado se remitió un texto a todos los ayuntamientos de España apuntando la campaña del ministerio público. En ella también se resaltaba la aparición de consecuencias penales para aquellos municipios: «La ausencia de un plan de prevención de incendios pueda ser objeto de análisis desde el punto de vista causal en una investigación penal concreta, en la medida en que se pueda llegar a valorar como un factor coadyuvante en la producción, extensión o difusión de un incendio forestal concreto».
El oficio
- Legislación
- El escrito de la Fiscalía General subraya la Ley 3/1993 de Entidades Locales y la Resolución de 2005 de la Conselleria de Territorio como normas en las que se enmarca la obligatoriedad de los planes antiincendios.
- No exentos
- El escrito también recuerda a los municipios aludidos que «no se enecuentran exentos de la obligación de elaborar los citados planes», como si ocurre con zonas alejadas de masas forestales.
16, sin respuesta
En los últimos meses, de los 151 municipios requeridos por la Fiscalía General del Estado para informar por el estado de sus planes de prevención de incendios, sólo 38 habían respondido positivamente al ministerio público acerca de la posesión de ese protocolo de vigilancia. Los datos hacen referencia a la campaña a nivel nacional, sin especificar cuántos pueblos de la Comunitat han respondido a ese requerimiento. Hasta 19 reconocieron no disponer del plan, 47 que se encontraban con el dispositivo en trámite, 13 afirmaron tener «un plan antiguo y en vías de actualización» y un total de 16 fueron los más irresponsables ante la petición del ministerio público: a fecha de 31 de enero aún no habían contestado.
Localidades como Algemesí, una de las preguntadas, argumentaron a la Fiscalía que no tramitan el plan «al carecer de superficie forestal», como consta en la estadística de la Fiscalía.
En su escrito, Vercher recuerda que cada año se realizan «ingentes esfuerzos», materiales y humanos en prevenir y luchar contra el fuego, lo que debe servir a los municipios reclamados a poner más énfasis en su lucha y prevención contra las llamas.
Zonas con acumulación de siniestros y sequía
La circular remitida por la Fiscalía General del Estado a medio centenar de localidades valencianas, y otro centenar de municipios de España, no responde sólo a pueblos incluidos en puntos ZAR, las áreas con mayor riesgo de fuego forestal. La iniciativa también tiene un cuenta un estudio del Ministerio de Agricultura en el que subraya las zonas con mayor probabilidad de incendio cruzando tres variables: sequedad del terreno, datos históricos de siniestros y últimos fuegos. Además de la Comunitat y Galicia, la campaña ha llegado a Andalucía, Murcia y Cataluña, con mayor peso específico de las dos primeras, con más de la mitad de las localidades.
Como ha venido denunciando LAS PROVINCIAS, los municipios que cuentan con espacios de alta peligrosidad (525) tienen la obligación de redactar un plan de prevención municipal.
Han pasado casi quince años desde que se aprobó la normativa y sólo uno de cada ocho municipios, es decir 61 de los 525 que tienen la obligatoriedad de redactarlos, el 11,6% del total, ha aprobado este plan. No se ha hecho ni pese a las ayudas concedidas por la administración autonómica.
Estos planes se encuadran dentro de la estrategia de prevención de incendios de la Generalitat. En ellos se recogen los elementos necesarios para caracterizar al municipio frente al riesgo de fuegos. Se incluyen aspectos como el espacio que ocupa el suelo para cultivos, la superficie forestal y su distribución o características de la población. También factores como el clima, la orografía, las quemas agrícolas y cada vez cobra más peso la proliferación de segundas residencias.
Fuente: Las Provincias.